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El Día
La acción presentada por el Consejo de Defensa del Estado ratifica los antecedentes que reveló El Barómetro, unidad de investigación de Diario El Día, en un reportaje de octubre de 2020.

Hace dos semanas, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal por fraude al Fisco en el marco del bullado caso “Papaya Gate”. La acción va dirigida a la exintendenta Lucía Pinto, el exjefe del Departamento Jurídico, Eduardo Espinoza; y el jefe de la División de Planificación y luego administrador regional José Cáceres. Además, apuntan a Pablo Bracchitta, gerente de las inmobiliarias involucradas en la cuestionada transacción. 

Cabe precisar que el documento presentado por la entidad a la Procuraduría Fiscal de Valparaíso, ahonda en el “doloso” actuar de los expersoneros de Gobierno, nombres que precisamente fueron develados por la Unidad de Investigación de Diario El Día, El Barómetro, el pasado 21 de octubre del 2020. En dicho reportaje, se dieron a conocer los nexos secretos de altos funcionarios del Gore con los dueños de las empresas que vendieron los terrenos para construir el centro deportivo de San Ramón.

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Recordemos que luego de que el Gobierno Regional efectuara una transacción con los privados eludiendo la Toma de Razón de la Contraloría, órgano que representó en cuatro oportunidades el contrato argumentando un evidente sobreprecio de los predios, el Ministerio Público inició una investigación por fraude al Fisco, de la que aún no se conocen muchos avances. 

A casi un año de que saliera a la luz el mayor escándalo en la historia de la administración pública de la Región de Coquimbo, nuestro medio tuvo acceso a la querella criminal presentada por el Consejo de Defensa del Estado, la que detallamos de manera íntegra en los siguientes pasajes de la presente nota.

“Construcción Centro Deportivo San Ramón”

Para entrar en contexto de la situación que generó el denominado “Papaya Gate” se deben conocer los antecedentes que llevaron a levantar el proyecto denominado “Construcción Centro Deportivo San Ramón, comuna de La Serena, etapa de diseño”, que comprendía dentro de sus partidas de financiamiento una inversión de $9.956.269.000, para la adquisición de un terreno donde emplazar el centro deportivo, el que sería en reemplazo del terreno de la Cordep, entregado por el municipio de La Serena para la construcción del nuevo hospital de la comuna. En este sentido, la querella plantea que:

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de inversiones públicas, con fines de compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región, que tiene por objetivo obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo en el país.

Un proyecto que postule al Fondo Nacional de Desarrollo Regional debe ser incorporado al Sistema Nacional de Inversiones y ajustarse a los plazos y requisitos establecidos, a saber: Contar con la recomendación técnico-económica favorable del organismo de planificación pertinente (Ministerio de Desarrollo Social y Familia o Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación) y ser priorizados por el respectivo Consejo Regional.

En ese contexto, con fecha 27 de marzo de 2019, la Ilustre Municipalidad de La Serena postuló al proyecto N°40012194-0, denominado “Construcción Centro Deportivo San Ramón, comuna de La Serena, etapa de diseño”, que comprendía, dentro de sus partidas de financiamiento, una inversión de $9.956.269.000.-, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, presupuesto 2019, para la adquisición de un terreno donde emplazar el centro deportivo. El proyecto establecía que el área de emplazamiento debía ubicarse en la zona suroriente de la comuna de La Serena, sector San Ramón, por ser ésta el área de influencia del proyecto, y consideraba la compra de un terreno de una superficie ascendente a 61.874,74 m2.

En el Estudio de Localización del proyecto presentado por el municipio, suscrito por don Sergio Rojas Olivares, Secretario Comunal de Planificación, se recomendaba, en base a los análisis realizados a los terrenos que habrían estado disponibles y a los antecedentes técnicos requeridos para un centro deportivo, la adquisición del terreno ubicado en camino a San Ramón S/N entre la Avenida Cuatro Esquinas y la Ruta 41 CH El Milagro, el cual se encontraba en venta, siendo la alternativa que, a juicio del señalado departamento de la entidad edilicia, cumplía con los requisitos del proyecto “Centro Deportivo San Ramón”.

Como se explicará más adelante, fue el querellado José Cáceres Rojas, funcionario del Gobierno Regional de Coquimbo quien, en los hechos, instó por la recomendación de la adquisición del señalado terreno, pese a que formalmente es el municipio quien lo recomienda al momento de postular su proyecto.

Al referido proyecto se adjuntaron 2 tasaciones de los inmuebles solicitadas por el querellado Pablo Bracchita conforme a las cuales el valor total de los terrenos que sumaban 61.874,74m2 ascendían a $4.000.829.653 y $3.972.448.108.- respectivamente.

Dichas tasaciones fueron entregadas al querellado José Cáceres Rojas quién dispuso su envío al Secretario de Planificación de la Municipalidad de La Serena, funcionario que adjuntó dichas tasaciones al proyecto que fue remitido al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para su aprobación. Conforme a lo expuesto, las tasaciones del inmueble a adquirir, siendo esa la información referida, fue de $4.000.829.653 y $3.972.448.108, siendo ESE el margen del precio a pagar.

En el mes de junio de 2019, previa aprobación técnica y social del proyecto por parte de dicho Ministerio, el Consejo Regional aprobó priorizar la iniciativa del proyecto, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por un total de $10.111.793.000.-.

Finalmente, mediante Resolución Exenta N°790, de 25 de julio de 2019, se designó como Unidad Técnica para la adquisición del terreno contemplado en el referido proyecto al Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Coquimbo, a través de su Departamento Jurídico. La Unidad Técnica corresponde a la entidad o entidades mandatadas o responsables de la ejecución de la iniciativa de inversión. Por dicha razón, como se explicará más adelante, es el Gobierno Regional de Coquimbo, a través de la querellada Lucía Pinto Ramírez, quien suscribió el contrato de compraventa de los terrenos en cuestión.

En el presente caso, era la Municipalidad de La Serena la encargada de formular, definir y tramitar el proyecto del centro deportivo, toda vez que fue el municipio el organismo que postuló el señalado proyecto. Sin embargo, a partir de los antecedentes de la investigación, se logra constatar una clara intervención del Gobierno Regional, en particular del querellado José Cáceres Rojas, en la formulación del denominado Estudio de Localización (suscrito formalmente por el municipio), a través del cual se recomendaba la adquisición de los terrenos, evidenciándose un indiciario interés por todos los querellados, ex funcionarios del GORE de Coquimbo, en concretar la compra de éstos.

Por el momento, hacemos presente que fue José Cáceres Rojas quien solicitó a doña Paulina Tapia, funcionaria del GORE de Coquimbo, remitir los informes de tasaciones de los terrenos ofertados al encargado de la Ilustre Municipalidad de La Serena, con el objeto de que éste los adjuntara al proyecto que sería remitido posteriormente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para su aprobación. Además, dio instrucciones al equipo jurídico del GORE para realizar todas las gestiones que permitieran llevar a cabo la adquisición de dichos inmuebles, pese a las reiteradas representaciones efectuadas por la Contraloría Regional de Coquimbo, conforme luego se expondrá.

Representaciones de Contraloría

Según establece el documento, los querellados habrían hecho caso omiso de las objeciones de Contraloría, pese a que ésta representó categóricamente las irregularidades evidenciadas en todo el procedimiento de compra, toda vez que el GORE no pudo dar cuenta del fundamento para adquirir los terrenos mediante trato directo –siendo éste claramente excepcional y que exige debido fundamento, en relación con la adquisición mediante licitación pública– ni justificó el elevado precio pactado con los particulares. Lo que queda expuesto en la acción presentada por el CDE:

En el mes de enero del año 2019, esto es, antes que el Municipio presentara el proyecto, el GORE recibió una carta de intención de venta emitida por el querellado Pablo Bracchitta Krustulovic, en representación de las inmobiliarias La Herradura Spa, La Serena SpA, El Faro SpA, Pan de Azúcar SpA, Cerro Grande SpA y Guayacán SpA, por 6 lotes denominados 15, 16, 17, 79, 80 y G, respectivamente, que comprendían una superficie total de 61.874,74m2, a un precio de 5.8 UF por m2, equivalentes a un total de $9.819.169.913., sin justificación real alguna respecto a la cuantiosa diferencia en relación a las tasaciones antes señaladas.

Posteriormente, con fecha 1 de octubre de 2019, el querellado Bracchitta Krustulovic, en representación de las citadas inmobiliarias, actualizó la carta de intención de venta a un valor de $9.800.000.000.-, por 6 terrenos, ahora con una superficie total de 58.099,44 m2.

Al efecto cabe revelar, en primer lugar, que conforme con dos tasaciones con que contaba el GORE en ese momento el valor de los terrenos y el precio ofertado que ahora se efectuaba era cuantiosa, evidente y categóricamente SUPERIOR (sobrevalorada) , pues las tasaciones por el total de los terrenos que sumaban 61.874,74m2 ascendían a $4.000.829.653 y $3.972.448.108.- respectivamente, y, ahora se fijaba un precio de $9.800.000.000.-, y , en segundo lugar, que la propuesta inicial contemplaba un valor de $58.694,32 por cada metro cuadrado de terreno ofrecido, no obstante lo cual los 3.775,30 metros cuadrados que se excluyeron en la nueva propuesta se avaluaron en un monto de sólo $5.077,72 por metro cuadrado, sin que ninguno de los querellados Pinto, Cáceres y Espinoza cuestionara, no sólo la disminución de la superficie sino que, además, esta exigua valoración, la que elevaba el valor de cada metro cuadrado finalmente ofrecido a $168.676,322, esto es, a 5,7 UF/m2.

Finalmente, el 9 de octubre de 2019, no obstante la existencia y conocimiento que se tenía respecto de las citadas tasaciones que arrojaban un valor total aproximado de 4 mil millones de pesos, mediante escritura pública otorgada en la notaría de don Jesús Osses Reveco , el GORE, a través de su representante, la querellada Lucía Pinto Ramírez, quien detentaba a dicha época la calidad de Intendenta de la Región de Coquimbo, celebró el contrato de compraventa con las seis inmobiliarias propietarias de los terrenos, cuyo precio final equivale a $934.600.000.- por el lote 15, $929.800.000.- por el lote 16, $957.800.000.- por el lote 17, $848.100.000.- por los lotes 79 y 80, y $5.281.600.000.- por el lote G-1, cuya sumatoria total asciende a $9.800.000.000.-, esto es, más del doble del monto –casi 2 ½ veces mayor- que arrojaban las citadas tasaciones presentadas y de conocimiento de todos los partícipes.

Inscripción de inmuebles

Uno de los puntos más cuestionados es el cambio de cláusulas por parte del contrato en el que se sacó la exigencia que indicaba que para realizar la inscripción de los terrenos se debía contar con los abogados de ambas partes. Sobre esto, el texto detalla:

La cláusula novena de dicho contrato expresaba que, la inscripción de la escritura de compraventa en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena se realizaría una vez que el comprador hubiere hecho entrega de los vales vista correspondientes a la primera cuota del precio pactado, junto con las respectivas instrucciones notariales.

Asimismo, se indicaba que, la inscripción de los inmuebles objeto de la transferencia en los registros conservatorios, se debía requerir de manera conjunta por los abogados de las partes, don Claudio Rojas Laulié por la parte vendedora y, doña Patricia Figueroa Canales, por la parte compradora, quien presta funciones en calidad de abogada en el Departamento Jurídico del GORE de Coquimbo. Conforme al mérito de la investigación dicha exigencia tenía por objeto que el contrato de compraventa no se perfeccionara o al menos que el precio no se pagara antes del control preventivo de legalidad por parte de la Contraloría Regional de Coquimbo, lo que demuestra que los querellados tenían pleno conocimiento de que dicho control era indispensable para poder concretar la compraventa.

En este punto, cabe destacar la declaración prestada ante la Policía de Investigaciones, con fecha 2 de octubre de 2020, por doña María Fernanda Ramírez Galleguillos, funcionaria de la Contraloría Regional de Coquimbo, quien, en relación a la exigencia de solicitar conjuntamente las inscripciones de los inmuebles adquiridos por el GORE de Coquimbo, señala, lo siguiente:

“Es necesario puntualizar que todos los contratos de compraventa que vinieron a estudio a la Contraloría General de la República tenían en su cláusula novena la exigencia de que la inscripción del contrato de compraventa en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena, debía efectuarse en conjunto por la abogada del GORE Patricia Figueroa Canales y el abogado Claudio Rojas Laulié, en representación de las empresas, lo que garantizaba que dicha inscripción se efectuara una vez tomada de razón la respectiva resolución ya que lo contrario implicaba la responsabilidad de la señora Figueroa Canales”.

El referido contrato de compraventa fue aprobado por la Resolución N°89, de 2019, del GORE, la que fue representada por la respectiva Contraloría Regional, mediante Oficio N°123, de 2020, ya que al haber empleado el organismo la modalidad de trato directo en la compra de dichos lotes, debía, necesariamente, justificar y acompañar todos los antecedentes que fundamentaran dicha decisión, tales como los títulos de propiedad, el estudio que se efectuara de estos y las tasaciones de los inmuebles respectivos o documentos de base para fijar su justo precio, en especial considerando el mérito de las tasaciones que valoraban los terrenos en alrededor de 4 mil millones de pesos, haciendo énfasis en la inconsistencia del precio y dichas tasaciones. Especialmente importante resulta destacar que la Contraloría General regional advierte y evidencia que al tratarse de un TRATO DIRECTO, claramente proceso excepcional en relación a un proceso licitatorio, REQUIERE y EXIGE del debido fundamento que de suficiente JUSTIFICACIÓN a la referida actuación excepcional señalada.

Al efecto, doña Patricia Figueroa Canales, abogada del Departamento Jurídico del GORE de Coquimbo, quien presta funciones en dicho organismo desde el año 2008, declaró ante la Policía de Investigaciones, con fecha 6 de octubre de 2020:

“Recuerdo que previo al ingreso de la Resolución N°89 del GORE, subí a la oficina de la Intendenta, quien estaba junto a José Cáceres, ella me pedía que apurara el ingreso de la Resolución N°89 a la Contraloría y en ese entonces, la Intendenta tenía en su escritorio el informe técnico elaborado por la Municipalidad. Mi respuesta fue que ese informe estaba incompleto ya que faltaba fundamentarlo adecuadamente para proceder al trato directo, y lo otro que le dije que en el tiempo que yo estaba trabajando acá era el terreno más caro que se había comprado para un terreno deportivo. La Intendenta igualmente me señaló que le diera prioridad a esta materia”.

Tras la representación del órgano contralor, el GORE dejó sin efecto la citada Resolución N°89, de 2019 y dictó la Resolución N°6, de 2020, aprobando el contrato de compraventa celebrado con las inmobiliarias de la especie, acompañando dentro de sus antecedentes dos informes de tasación, elaborados por los profesionales Javiera Lora y Pablo Flores, con fechas 4 y 5 de febrero de 2020, es decir, cuatro meses después de la celebración del contrato y de la fijación del precio pactado, cuyas sumatorias ascendían a $8.755.936.867 y $9.180.664.540, respectivamente, por el total de los terrenos.

Área de influencia  

El terreno y su valor final de compra es el origen del caso, por lo que la nula justificación para esta transacción es una de las principales inquietudes. Así lo establece el CDE, afirmando que el precio resultaba “infundado”. Esto dice la querella:

La citada Resolución N°6, de 2020, fue nuevamente representada por la Contraloría Regional de Coquimbo, mediante el Oficio N°1.074, de 2020, el que concluyó, en síntesis, la existencia de una infracción del artículo 9 de la Ley N°18.575, esto es, la falta de justificación de que el terreno debía estar ubicado en la denominada “área de influencia”, que no había concordancia en la superficie de los bienes raíces que se adquirían con lo establecido en los términos de referencia, que si bien se acompañaron dos informes de tasaciones, el monto que se paga por la totalidad de los terrenos era superior al precio por metro cuadrado ofertado por el vendedor en su carta de intención. Asimismo, el órgano fiscalizador estimó que no constaba el fundamento que tuvo el servicio para fijar el precio de $9.800.000.000.- establecido en el contrato que se venía aprobando.

Enseguida, el Servicio dejó sin efecto, ahora, la Resolución N°6, de 2020 y dictó la Resolución N°14, de 2020, que aprobaba el contrato de compraventa, la que nuevamente fue representada por la Contraloría, a través del Oficio N°1.576, de 2020, determinándose nuevamente por parte del órgano fiscalizador la existencia de la infracción del artículo 9 de la ley N°18.575, ya que no se apreciaba la fundamentación de haber analizado los terrenos, que estos no cumplían los requisitos mínimos deseables para la ejecución del proyecto, ni tampoco las consideraciones tenidas a la vista por el GORE para justificar la imperativa necesidad que el emplazamiento del o los terrenos que se pretendían adquirir se situaran en el denominada “área de influencia”, que las tasaciones acompañadas eran posteriores a la fecha de celebración del contrato de compraventa y, además, contemplaban montos inferiores al precio pactado en la contratación, resultando infundado el precio de $9.800.000.000 establecido en el contrato.

Trato directo

Cuatro fueron las veces que la Contraloría advirtió sobre irregularidades en el contrato de compra, debido a que no se justificó la adquisición por trato directo. Esta situación también es advertida por el CDE, que recalca que:

El cuestionamiento de la Contraloría Regional de Coquimbo respecto de la compraventa de los terrenos mediante el procedimiento de trato directo y su negativa a la toma de razón de las sucesivas resoluciones que aprobaban dicho contrato, no fue impedimento para que los querellados, a sabiendas que existían tasaciones de los inmuebles por un valor inferior a la mitad del ofertado, decidieran insistir y realizar todas las gestiones necesarias para poder perfeccionar el contrato de compraventa, lo cual evidencia claramente el dolo en su actuar.

Así lo señala la abogada del GORE, doña Patricia Figueroa Canales, quien en su declaración prestada ante la Policía de Investigaciones refiere: “Paralelamente recuerdo que mi jefe de departamento, el señor Espinoza Rodríguez nos reenviaba correos de José Cáceres, en los cuales nos señalaba por ejemplo lo siguiente en un correo de mayo del 2020: estas dos compras debían salir sí o sí ya que por a b c motivo no salen aprobadas en mayo nuestra ejecución presupuestaria será bajísima (de hecho una de las peores de Chile) esto encenderá las alarmas en Santiago y corremos el riesgo de que desde el Ministerio de Hacienda tomen estos recursos y nos obliguen a devolverlos (lo cual sería caótico). En otro correo de fecha 30 de abril de 2020, José Cáceres envía mensaje a Eduardo Espinoza indicando que ambos temas tienen carácter de prioritario por sobre cualquier otra tramitación, cualquier solicitud de cualquier jefe de división o departamento queda postergada hasta que ambas resoluciones sean ingresadas el martes. Este tema es muy complejo por diversos temas y afectará gravemente nuestra ejecución presupuestaria si no lo sacamos urgente.”.

A continuación, el GORE dejó sin efecto la Resolución N°14, de 2020, y emitió la Resolución N°20, de 2020, por la que nuevamente aprobó el contrato de compraventa, sin embargo, la Contraloría Regional de Coquimbo nuevamente, ya POR CUARTA VEZ, volvió a representar la indicada Resolución N°20, en atención a que, de los antecedentes tenidos a la vista, no resultaba fundado el precio de $9.800.000.000.- fijado en el contrato, pues para su determinación, el Gobierno Regional de Coquimbo aportó tasaciones comerciales de los inmuebles con valores sustancialmente diferentes, por lo que no se pudo concluir razonablemente que el precio fijado correspondía a su justo valor.

En síntesis, la Contraloría Regional de Coquimbo representó CUATRO VECES las resoluciones que venían aprobando el contrato de compraventa, siendo categórico en las irregularidades evidenciadas en todo el procedimiento de compra, toda vez que el GORE no pudo dar cuenta del fundamento para adquirir los terrenos mediante trato directo (pudiendo adquirirse mediante una licitación pública), ni justificó el elevado precio pactado con los particulares, máxime si los antecedentes acompañados daban cuenta de un precio cuantiosamente inferior.

Cabe considerar que los querellados Pinto Ramírez, Espinoza Rodríguez y Cáceres Rojas tuvieron a su disposición en el mes de enero del año 2019, dos informes de tasación para cada uno de los terrenos, cuya sumatoria total ascendía a $4.000.829.653 y $3.972.448.108, respectivamente, es decir, una tasación considerablemente menor al monto por el cual se pactó la compra de los inmuebles en el mes de octubre del año 2019, los que, a mayor abundamiento, valoraban los 61.874,74m2 inicialmente ofrecidos y no los 58.099,44 m2 objeto final de la compraventa.

Sobreprecio

Una situación que ha sido ampliamente cuestionada es cómo se llegó al pago por los terrenos a más del doble de su valor, pese a las advertencias de la Contraloría y a que dos tasaciones indicaban un precio menor. En relación a esto, el CDE en su querella remarca:

No obstante las sucesivas representaciones efectuadas por parte del órgano contralor, la querellada Pinto Ramírez hizo caso omiso, junto a su equipo de confianza -los querellados Espinoza Rodríguez y Cáceres Rojas- a las observaciones efectuadas al contrato de compraventa y, con fecha 3 de julio del año 2020, Pinto Ramírez, en su calidad de Intendenta de la Región de Coquimbo rescilió el contrato de compraventa de fecha 9 de octubre de 2019 y, acto seguido, celebró un nuevo contrato de compraventa, entre las mismas partes, pactándose idéntico precio por los seis lotes que se adquirían, comprándose, en definitiva, con un sobreprecio que superaba en casi dos veces y media al valor que indicaban las citadas dos tasaciones.

Con el objeto de evadir el trámite de toma de razón, evitando una nueva representación de parte de la Contraloría, y como evidente maniobra defraudatoria, se excluyó en este nuevo contrato, la exigencia contemplada en el anterior, en orden a que la inscripción de los lotes a nombre del GORE de Coquimbo fuera solicitada de manera conjunta por el abogado de la parte vendedora y la abogada del Departamento Jurídico, doña Patricia Figueroa Canales, cláusula que –como se dijo- permitía resguardar que la compraventa no se perfeccionara sino una vez que se hubiere tomado razón de la resolución que aprobaba el contrato.

De este modo, los querellados, a través de la modificación del contrato EVADIERON el trámite de toma de razón, conscientes de las CUATRO veces en que el ente contralor les había representado la ilegalidad del contrato. Al efecto, hacemos presente a SS. que, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, fue el querellado Espinoza Rodríguez quien estuvo a cargo de la redacción del contrato de fecha 3 de julio de 2020 y, en consecuencia, de la modificación de aquella cláusula que exigía la comparecencia de la citada letrada.

A este respecto, declara doña Patricia Figueroa Canales, en los siguientes términos: “Como departamento tuvimos una reunión vía zoom, no recuerdo bien la fecha posterior a la cuarta representación de la Contraloría, en la cual Eduardo Espinoza indicó que los inconvenientes respecto a la toma de razón del proyecto San Ramón era una materia que sólo vería él. Yo pensé que iba a trabajar en un quinto reingreso, pero no fue así.”.

De conformidad con la información otorgada por el Notario Público de la Segunda Notaria de La Serena, hasta el 3 de julio de 2020, no se había hecho entrega de los vales vistas generados por el GORE, ni a la parte vendedora, ni a la compradora. Sin embargo, señala que con posterioridad a la celebración del nuevo contrato de fecha 3 de julio de la señalada anualidad, la parte vendedora acreditó el cumplimiento de la obligación contraída, en orden a haberse efectuado las inscripciones conservatorias correspondientes, por lo cual, con fecha 28 de julio de 2020, entregó los instrumentos de pago a dicha parte, pagándose a los particulares el precio pactado ascendente a $9.800.000.000.-, sin haber mediado previamente el trámite de toma de razón de la resolución que debía aprobar el contrato.

Vínculos comerciales 

Tal como dio a conocer El Barómetro, la relación entre el administrador regional, José Cáceres y el empresario Pablo Bracchitta fueron fundamentales para poder llevar a cabo la cuestionada venta de estos terrenos, que fueron adquiridos por el Gore para concretar el proyecto del complejo deportivo de San Ramón. La querella dice al respecto que:

Según consta en las copias de las respectivas escrituras públicas y certificados de vigencia del Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Coquimbo, el 29 de julio de 2014 se constituyeron las sociedades Inmobiliarias La Herradura SPA, La Serena SPA, El Faro SPA, Pan de Azúcar SPA, Cerro Grande SPA y Guayacán SPA, propietarias de los lotes adquiridos por el GORE de Coquimbo, confiriendo en la primera sesión del directorio, celebradas todas ellas el 28 de agosto de 2014, poder general de administración, entre otros, al señor Nicolás Bakulic Govorcin.

En la investigación penal dirigida por el Ministerio Público consta, a su vez, que Nicolas Bakulic Albertini, hijo de Bakulic Govorcin, desempeñó funciones en calidad de prestador de servicios a honorarios para el GORE desde el 20 de septiembre de 2018 y hasta el 21 de diciembre de 2019, en funciones de profesional de apoyo técnico en materia de pre- inversión, en la Unidad de Pre-Inversión dependiente de la División de Planificación cuya jefatura era, precisamente, el querellado José Cáceres Rojas.

Asimismo, el querellado Cáceres Rojas mantuvo vínculos con las sociedades que integran el conglomerado empresarial que vendió los terrenos cuestionados. En tal sentido, es socio, junto a su cónyuge, Fanny del Carmen Pastenes Oliva, de la Sociedad Inversiones San Vicenta Ltda., sociedad que su turno, forma parte de INSN Spa, junto a Rentas Alto Peñuela SA. Conforme antecedentes de la investigación esta última sociedad anónima estaría integrada por varias sociedades que tienen participación en las inmobiliarias que vendieron los terrenos.

De igual manera, Cáceres Rojas mantiene vínculo con el querellado Pablo Bracchitta, representante de las inmobiliarias vendedoras de los lotes, quien, además, solicitó y pagó los informes de tasación cuestionados por Contraloría Regional de Coquimbo. Asimismo, firmó la carta de oferta de venta de los terrenos y retiró desde la Notaría los vale vista. Al respecto, destacan los siguientes pasajes de declaraciones prestadas ante la Policía de Investigaciones:

- Gloria Huerta, funcionaria de planta del GORE de Coquimbo declaró: “Quiero agregar, durante mi estadía aquí en el GORE tuve la oportunidad de escuchar, no recuerdo a quien, que el señor José Cáceres junto al señor Pablo Bracchitta presentaron en el mes de julio del año 2017 una solicitud de audiencia, en nombre de la empresa Inversiones INSN SPA, para entrevistarse con la Municipalidad de La Serena, cuya información revisé en los registros públicos de la Ley del Lobby de la Municipalidad. Respecto a Bracchitta, es gerente de las inmobiliarias vendedoras de los lotes en cuestión, cuyo nombre figura en la carta de intención de venta de los inmuebles de este proyecto y en la escritura de compraventa de los terrenos”.

- Javiera Lora, agrónoma y tasadora, declara: “Pablo Bracchitta me contactó vía correo electrónico para emitir informes de tasación respecto de seis lotes de terreno por cuyos servicios cobré UF 18 por el lote grande y UF 8 por los lotes chicos. Pablo me indicó que el informe debía ir dirigido a Sergio Rojas Olivares, Secretario Comunal de Planificación de la Municipalidad de La Serena. Esto mismo se lo pidió a Pablo Flores, colega mío… Los informes los despaché vía email a Pablo Bracchitta, sólo a él, no a Sergio Rojas.”.

-Paulina Tapia, funcionaria del GORE de Coquimbo, declara y acompaña correo electrónico del 24 de enero de 2019 que le envía su jefe, el querellado Cáceres Rojas, pidiéndole que haga llegar los informes de tasación adjuntos a la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de La Serena, por ser ese un requisito exigido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Lo anterior, revela un particular interés por parte del querellado Cáceres Rojas, interviniendo en distintas etapas del proceso del proyecto que contemplaba la compra de un terreno para la construcción de un centro deportivo, adquisición que se realizó pese a las categóricas observaciones ya referidas, y que implican la compra de inmuebles sin un fundamento que haga plausible dicho pago, ni del precio pagado, con sociedades y personas con las cuales tenía y/o había tenido relaciones directas e indirectas.

De los hechos expuestos anteriormente, se concluye que los querellados Pinto Ramírez, Espinoza Rodríguez y Cáceres Rojas actuaron no sólo incumpliendo dolosamente los deberes del cargo, por cuanto, de manera conjunta, realizaron todas las gestiones necesarias para la adquisición de los referidos terrenos, permitiendo que se perfeccionara el contrato de compraventa, pese a no contar con la respectiva toma de razón de la Contraloría Regional de Coquimbo y de las claras razones que el ente Contralor señaló para representar la compra, sino que, además, con conocimiento de la existencia de tasaciones que valoraban los terrenos en menos del 50% del valor por el cual el GORE los compró, ocasionando con ello un evidente perjuicio fiscal.

Considerando los altos cargos que ejercían dentro del Gobierno Regional, los querellados de autos no podían desconocer la normativa administrativa que establece el mecanismo de control de legalidad de la resolución que venía aprobando un procedimiento por trato directo y un contrato de compraventa, mediante el cual se desembolsó un monto ascendente a $9.800.000.000.-, que corresponden a recursos públicos. Mucho menos después de la primera representación por parte del Órgano contralor.

La Constitución Política de la República establece que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, inciso 2°, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. En la especie, se evidencia un actuar desapegado al deber de conducta intachable y honesta que le corresponde a cada funcionario público, observándose que dicho actuar traspasa el límite de la mera responsabilidad administrativa, en cuanto se evidencia un actuar doloso y que, tal como se explicará a continuación, produjo además un detrimento al patrimonio fiscal.

Por su parte, la intervención del querellado Pablo Bracchitta, quien compareció en representación de las inmobiliarias vendedoras, también condujo al perjuicio fiscal ocasionado, toda vez que, tal como se indicó precedentemente, participa activamente en los hechos materia de la actual querella. Fue él quien solicitó y pagó los informes de tasación cuestionados por Contraloría Regional de Coquimbo. Asimismo, firmó la carta de oferta de venta de los terrenos y retiró desde la Notaría los vale vista, y terminó, en definitiva, recepcionando el cuantioso monto pagado.

A juicio de esta parte, los hechos antes descritos son constitutivos, a lo menos, del delito de fraude al fisco, prescrito y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, cabiéndole responsabilidad a los querellados Pinto Ramírez, Espinoza Rodríguez y Cáceres Rojas, funcionarios públicos, y al querellado Bracchitta, particular, producto de la comunicabilidad aplicable, todos en calidad de autores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal y, en grado de desarrollo consumado, tal como se explica a continuación.

Calificación jurídica 

La acción interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, señala que el detrimento al patrimonio fiscal es producto “de un incumplimiento malicioso de los deberes funcionarios de los querellados, pues no sólo no analizaron debidamente los antecedentes fundantes de una operación de casi $10 mil millones sino que, actuando en contra del mérito de los mismos, además, eludieron intencionalmente la correspondiente toma de razón por parte del órgano de control, trámite necesario para analizar la legalidad, fundamento, seriedad y eficacia del acto administrativo que aprobaba la compraventa en cuestión. Sobre esto, la querella dice que:

El referido tipo penal, se encuentra regulado en el Título V, Libro II del Código Penal, denominado “De los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos”.

En efecto, el artículo 239 del Código Penal dispone lo siguiente: “El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.”

El delito en estudio se caracteriza por la producción de un menoscabo patrimonial al Estado, perpetrado a través del engaño o el incumplimiento doloso de ciertos deberes, de modo que el empleado puede producir el perjuicio merced a un ardid o bien mediante el incumplimiento doloso de sus obligaciones funcionarias, sin que se requiera un beneficio, bastando la existencia de un perjuicio, sea que el mismo se materialice en una pérdida o en la privación de un lucro legítimo.

Respecto al sujeto activo del ilícito, el legislador exige que se trate de un empleado público que deba intervenir en el proceso en razón de su cargo, lo que se cumple en el caso sub-lite, pues en los hechos delictivos relatados precedentemente, intervinieron los querellados de autos, por cuanto, Pinto Ramírez aparece suscribiendo las resoluciones que venían aprobando los contratos y, además, suscribió el contrato de compraventa con las inmobiliarias ya citadas en representación del Gobierno Regional de Coquimbo, pactándose un precio clara y cuantiosamente sobre valorado, que carecía de fundamento y que importa un detrimento al patrimonio fiscal.

Además, con la intención de perfeccionar el contrato de compraventa que sucesivamente cuestionó el órgano fiscalizador, rescilió y suscribió un nuevo contrato que excluía la exigencia de solicitar ambas partes del contrato las inscripciones de los inmuebles adquiridos, es decir, excluía la comparecencia de la abogada del Departamento Jurídico del GORE de Coquimbo, doña Patricia Figueroa Canales, quien le representó personalmente la improcedencia de continuar con dicha compra, dado lo evidente que resultaba al observar que con dicha maniobra se EVADIA el control de la CGR. Espinoza Rodríguez, intervino en su calidad de Jefe del Departamento Jurídico del GORE, haciéndose cargo de la redacción del referido contrato de fecha 3 de julio de 2020, el cual, modificó en aquella parte que exige la comparecencia de la abogada Patricia Figueroa Canales quien, como se dijo, representó más de una vez a los querellados Pinto Ramírez y Espinoza Rodríguez sobre la improcedencia del contrato de compraventa celebrado.

Por su parte, Cáceres Rojas, en su calidad de Jefe de la División de Planificación del Gobierno Regional de Coquimbo, presentó un evidente interés en la adquisición por parte del GORE de los lotes en cuestión, no sólo en la génesis y desarrollo del proyecto de compra sino también remitiendo instrucciones al querellado Espinoza Rodríguez en orden a realizar todas las gestiones que apuraran el perfeccionamiento del contrato de compraventa.

En la especie, hacemos presente que el detrimento al patrimonio fiscal es producto de un incumplimiento malicioso de los deberes funcionariales de los querellados, pues no sólo no analizaron debidamente los antecedentes fundantes de una operación de casi 10 mil millones de pesos sino que, actuando en contra del mérito de los mismos, además, eludieron intencionalmente la correspondiente toma de razón por parte del órgano de control, trámite necesario para analizar la legalidad, fundamento, seriedad y eficacia del acto administrativo que aprobaba la compraventa en cuestión, decidiendo perfeccionar el contrato de compraventa y proceder al pago íntegro de su precio sin considerar las observaciones efectuadas por la Contraloría Regional de Coquimbo y, además, en clara contravención al principio que rige la Administración Pública en orden a la obligación funcionaria de resguardar el patrimonio fiscal. Ninguna de las observaciones señaladas REITERADAMENTE por la Contraloría, fueron superadas; al contrario, la maniobra dolosa de modificación de la cláusula del contrato de la cual emanaba la toma de razón y por ende subsecuentemente de actuación el ente contralor, fue la conducta que les permitió EVADIR el mismo.

La Ley de Bases Generales de la Administración del Estado ordena observar los principios de eficiencia y eficacia y que tanto autoridades como funcionarios velen por una adecuada e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública, estableciéndose en el artículo 5 de la Ley N°18.575 que: “Las autoridades y funcionarias deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública”, cuestión que fue desatendida dolosamente por los querellados, quienes a sabiendas de la existencia de los informes de tasación que establecían un manifiesto menor valor de los terrenos adquiridos, realizaron todas las gestiones que permitieran la adquisición de éstos por un monto que doblaba el monto de tales tasaciones, produciéndose con ello un importante detrimento fiscal.

En cuanto a la conducta típica del delito de fraude al fisco, la acción aparece indicada en el texto legal, como “defraudar o consentir en que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo”.

La querellada Pinto Ramírez, intentando justificar lo injustificable, mediante Ordinario N°555, de 7 de febrero de 2020, explica a la Contraloría Regional de Coquimbo que los informes de tasación que valoraban los terrenos en menos de la mitad del precio que se pagó eran de enero de 2019, razón por la cual, el GORE de Coquimbo solicitó nuevas tasaciones de manera de considerar ventas reales posteriores a la fecha de la celebración del primer contrato de compraventa.

Al respecto cabe preguntarse: ¿Qué informes se acompañaron por parte de la querellada Pinto Ramírez a la Contraloría Regional de Coquimbo para justificar los montos pactados en el contrato celebrado? Consta que los informes que se acompañaron fueron los emitidos con fecha 4 y 5 de febrero de 2020, es decir, cuatro meses después de haberse pactado el precio de los lotes ofertados. Lo cierto es que, al momento de fijar el precio en el contrato de compraventa, las únicas tasaciones que se tenían a la vista por parte de los querellados valoraban los terrenos en un monto inferior a un 50% del valor que se pagó, pues ellas tasaban los terrenos en $4.000.829.653 y $3.972.448.108.- respectivamente.

Ante la Policía de Investigaciones, con fecha 6 de octubre de 2020, declaró Pablo Flores, tasador, refiriendo, lo siguiente: “Respecto del aumento de los valores de los lotes se tuvo en consideración el estudio del nuevo plan regulador, el que cambia favorablemente la normativa de construcción de todos los lotes. El propósito de esta nueva tasación era reconsiderar los valores.”. En los mismos términos declara la profesional Javiera Lora, tasadora, encargada de emitir uno de los informes de tasación solicitados: “Respecto de los segundos informes, nuevamente Pablo (refiriéndose a Pablo Bracchitta) me llamó y me pidió nuevamente re tasar de forma urgente los lotes 15, 16, 17, 79, 80 y G|, en el correo indica que necesita levantar lucas (…).”.

Al efecto, cabe preguntarse si correspondía considerar o no el eventual cambio de normativa para efectos de considerar los precios pactados por parte del GORE de Coquimbo. Esta interrogante es respondida por Cáceres Rojas en un correo electrónico remitido con fecha 24 de enero de 2019 a una de las funcionarias del departamento a su cargo, doña Paulina Tapia, refiriendo, lo siguiente:

“Con fecha 24 de enero de 2019, mientras yo me desempeñaba como apoyo al municipio de La Serena en la formulación del proyecto Centro Deportivo San Ramón, José me envió un correo electrónico en el cual se adjunta un archivo extensión cuyo cuerpo indica lo siguiente: Adjunto tasaciones realizadas a los lotes de San Ramón (avenida 4 esquinas sector La Reserva Colegio Alemán, Cerro Grande). Están tasando en el orden de las UF 2 mts2 útil, pero como los lotes tienen expropiaciones municipales, queda del orden de las UF 1,86 mts2, estos valores son por las densidades y alturas que tiene el plan regulador actual, que esa cambiará y, por ende, debiera tender al alza (asumiendo mejores condiciones normativas que son las que vienen propuestas para el sector), pero este factor es algo que no puede considerar al tasar.”

Con lo anterior queda en evidencia que el querellado Cáceres Rojas estaba en pleno conocimiento de la improcedencia de considerar normativa inexistente a la fecha para tasar los lotes en cuestión, resultando, por tanto, improcedente, que los querellados luego justificaran un aumento del precio con informes de tasación que además no resultaban ajustados a la realidad.

Responsabilidad penal

El Consejo de Defensa del Estado busca que se persiga penalmente a los cuatro principales implicados en la operación. En cuanto a las responsabilidades y la gravedad de estas afirma:

Por su parte, al querellado Pablo Bracchitta, quien en todo momento actuó en representación de la parte vendedora, corresponde también imputarle el delito de fraude al fisco, pues si bien no es funcionario público, al haber participado en estos hechos concertado, al menos, con el querellado José Cáceres Rojas, para defraudar al Gobierno Regional de Coquimbo, el título de incriminación debe necesariamente comunicársele, toda vez que actuó con pleno conocimiento de la calidad de empleados públicos de los demás querellados, y del origen y naturaleza de los fondos defraudados.

En efecto, tanto intraneus como extraneus deben responder penalmente por el mismo título de castigo, en virtud del principio de unidad o indivisibilidad del título de imputación, ya que por razones lógicas, los hechos cometidos no pueden ser considerados jurídicamente de diferentes maneras para cada uno de los que intervinieron en su realización (Schepeler, “Comunicabilidad…”, pp.49 y ss).

Por otra parte, en los delitos cualificados, la finalidad de la ley penal es otorgar una protección más efectiva a bienes jurídicos de mayor valor. Esa entidad de los bienes jurídicos protegidos en los delitos especiales reclama una sanción más severa también para la persona que sin revestir la calidad exigida por el tipo, interviene en la realización del hecho. Así, en los delitos funcionarios, el bien jurídico protegido (correcto funcionamiento de la Administración Pública), puede ser afectado tanto por quienes la integran como por quienes, sin pertenecer a ella, cooperan con los ofensores principales (Novoa Monreal Edo., Curso Derecho Penal Chileno, pp. 212 y ss.). De tal manera que, si el particular Pablo Bracchita participa como autor colaborador junto a los querellados Pinto Ramírez, Espinoza Rodríguez y Cáceres Rojas en la defraudación fiscal, todos cometen el delito de Fraude al Fisco.

La comunicabilidad de las circunstancias personales concurrentes en los partícipes funcionarios públicos a los que no lo son, ha sido reconocida expresamente por nuestro máximo tribunal, quien ha resuelto “Que a criterio de esta Corte Suprema, la calidad de funcionario público, en los delitos cualificados impropios, como lo es el fraude al Fisco, castigado en el artículo 239 del Código punitivo, se comunican a los autores en que concurran, tanto si integran el tipo penal, como si no lo integran, quedando todos los partícipes regidos por la única figura penal aplicable. Así, por lo demás, lo ha resuelto este Tribunal Superior en sentencias Rol 5419-03 de fecha 16 de octubre de 2006 y la de fecha 30 de julio de 1969, publicada en R.D.J. LXVI,4-170” (Causa contra Carlos Cruz Lorenzen y Sergio Cortés Castro, Fraude al Fisco, E. Corte Suprema rol N°2321-2007, 19-05-2008)”. Conforme a la unidad del hecho delictivo en que concurren los diversos partícipes, no es aceptable que para el extraneus deba ser calificado bajo un título de incriminación y bajo uno diferente para el intraneus. 

En consecuencia, a juicio de esta parte querellante, la conducta desarrollada por todos los querellados debe ser calificada jurídicamente como del delito de Fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, ya que actuaron con plena convergencia tanto objetiva como subjetivamente en los hechos perpetrados.

Pasos a seguir

El CDE interpuso la querella criminal por los delitos de fraude al fisco del artículo 239 del Código Penal, en contra de los querellados ya individualizados, así como también en contra de todos los que resulten responsables, ya sea como autores, cómplices o encubridores, sin perjuicio de otro u otros delitos que se acrediten durante el curso de la investigación; declarar la presente querella admisible y remitirla a la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, a fin de que prosiga con la investigación sobre los hechos precedentemente enunciados. Por lo que solicitan al Ministerio Público que  practique las siguientes diligencias:

Que se oficie al Municipio de La Serena, solicitando informe sobre el nuevo Plan Regulador de La Comuna de La Serena, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°1.302, de 10 de diciembre de 2020, publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre de igual anualidad, y la incidencia que tendría éste en el sector donde se encuentran ubicados los lotes adquiridos por el Gobierno Regional de Coquimbo.

Otra de las solicitudes es a la Policía de Investigaciones con el fin de que proceda a tomar declaración al querellado Pablo Bracchitta, representante de la parte vendedora del contrato de compraventa de fecha 3 de julio de 2020, a fin de que declare sobre los hechos expuestos en la acción judicial.

Además de las siguientes diligencias, en relación a los hechos que serán objeto de una futura acción civil: Se despache oficio al Conservador de Bienes Raíces de La Serena para la averiguación de los bienes raíces que puedan estar inscritos a nombre los querellados. Además, a la Comisión del Mercado Financiero para que, se informe al ministerio público, respecto de los querellados, la existencia de productos financieros y bancarios.

 

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