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Alejandro Pizarro
El contralor Jorge Bermúdez entregó una detallada cronología de la polémica compra de terreno por parte del Gobierno Regional y explicó los orígenes de las indagatorias. Otros personeros fueron invitados por la instancia, entre ellos la exintendenta Lucía Pinto.

Gracias a un denunciante anónimo, la Contraloría se enteró que desde la Intendencia de Coquimbo habían evitado pasar por su control para adquirir, de manera irregular, los terrenos para la construcción de un complejo deportivo para traspasarlos a la Municipalidad de La Serena, como compensación por aquellos donde se construirá el nuevo hospital de la ciudad.

Así lo dio a conocer el contralor general de la República, Jorge Bermúdez Soto, quien fue el primer invitado a exponer en la comisión que investiga el caso en la Cámara de Diputados y que preside el parlamentario Daniel Núñez.

Pero no solo eso señaló el contralor en una detallada exposición, sino que también dio cuenta de cuatro sumarios que avanzan paralelamente a los ministerios de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social, además del Gobierno Regional y la Municipalidad de La Serena, cuyo término no se arriesgó a anticipar ante la consulta de los diputados.

 

Detallada exposición

En una minuciosa exposición, el contralor general partió refiriéndose a la adquisición de los terrenos para la construcción del Hospital San Pablo de Coquimbo, para, en segundo término, pormenorizar lo ocurrido en La Serena.

El jefe fiscalizador afirmó ante consultas de los parlamentarios, que nunca a esa entidad pública le había correspondido investigar una situación de tal magnitud económica para la compra de un terreno para un complejo deportivo, indicando que los 9.800 millones de pesos que se pagaron eran solo por el terreno.

“Esta es una situación que escapa a este tipo de inversiones. Yo creo que no hay instalaciones deportivas en este momento en Chile que valgan tanto. No tengo recuerdos de compras tan cuantiosas para centros deportivos. Puedo estar equivocado, pero aquí estamos hablando solo de comprar el terreno. Todavía no hemos hablado de equipamiento, todavía no se ha hablado del proyecto de construcción. Entonces, esta cantidad de dinero y de recursos públicos, es una cantidad bastante inaudita para este tipo de proyectos”, dijo el contralor.

 

Cronología de la compra

En su intervención hizo una línea de tiempo de los hechos, relatando que el 28 de diciembre de 2018 el Concejo Municipal de La Serena acuerda ceder terrenos de la Cordep para construir allí el nuevo hospital, y que ya en enero de 2019 un grupo de seis inmobiliarias presentan cartas de intención de venta. También se presentan las primeras tasaciones por parte de la Secretaría Comunal de Planificación, Secplan.

En marzo, la municipalidad solicita al Gobierno Regional la selección del proyecto deportivo con recursos FNDR. Mientras que en mayo, el municipio elabora términos de referencia y son aprobados por el IND. En junio, en tanto, el Ministerio de Desarrollo Social otorga el RS (Rentabilidad Social) y se obtiene la aprobación del CORE.

Más adelante, en octubre, se actualiza la intención de venta de terrenos por 9.800 millones de pesos y se suscribe, ese mismo mes, el contrato de venta con el GORE por dicho monto.

En diciembre de 2019, relató el contralor, el GORE autoriza y aprueba el contrato de venta. Sin embargo, el 09 de enero de 2020 la Contraloría señala -por oficio 123- que no corresponde. Lo vuelve a representar en marzo, en abril y en junio, hasta que el día 03 de julio rescilian el contrato de venta y suscriben uno nuevo, eliminando el requisito establecido en la cláusula novena, y el 15 de julio del 2020 inscriben el contrato de venta en el Conservador de Bienes Raíces.

 

Los valores

El contralor Jorge Bermúdez, dio cuenta, además, de las tasaciones de los terrenos, indicando que finalmente se vendieron a un precio más alto que todas las tasaciones que se hicieron desde el año 2018 al 2020, incluso en este último año, mostrando un alza muy elevada de los valores originales.

Por ejemplo, señaló, en enero del año 2019 hubo dos tasaciones: una por un valor de $4.013.097.386 y otra por 3.960.179.925. Sin embargo éstas subieron considerablemente el año 2020, cuando una tasación alcanza los $8.010.250.587 y otra llega a 9.180.664.540; y aun así, la transacción se hace por una suma aun más elevada, por $9.800.000.000.

El contralor indicó que la justificación del el Gobierno Regional fue que la diferencia de precio era por la actualización del Plano Regulador, produciéndose cambio de uso de suelo, pasando de ser agrícola a urbano. “No obstante, no se adjunta ningún antecedente técnico que sirva de apoyo o respaldo para sostener dicha aseveración, que significaría pagar un precio mucho mayor que aquel correspondiente a la más onerosa de las tres tasaciones efectuadas”, indicó Bermúdez.

 

Medidas adoptadas

Referente a las medidas que tomó la Contraloría posterior a todo lo ocurrido, Jorge Bermúdez sostuvo que se iniciaron procedimientos disciplinarios en el GORE de Coquimbo y en los demás servicios públicos pertinentes, para determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas. Actualmente los sumarios se encuentran en etapa indagatoria.

Respecto de la adquisición de los terrenos para la construcción del Centro Deportivo de San Ramón, además se remitieron los antecedentes al Ministerio Público.

A juicio de la Contraloría General de la República, estos dos casos muestran la importancia de la licitación pública, la cual, recalcan, no es una mera formalidad. Por otro lado, las ilegalidades fueron determinadas a propósito de la toma de razón, lo que confirma su importancia como pieza fundamental en un sistema de integridad. Además, no se verifica solo el cumplimiento formal de las normas, sino también el cumplimiento de normas de probidad.

 

Las respuestas

Luego de la exposición del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, los parlamentarios hicieron varias preguntas que fueron respondidas .

Consultado por el diputado Matías Walker sobre quién hace las tasaciones, el contralor sostuvo que “lo que nosotros detectamos es que hay tasaciones hechas por empresas tasadoras que se hacen el 2019 y las mismas dos empresas las hacen el 2020 y lo que no encontramos fue comprobantes de egresos, recibos que den cuenta de haber contratado y tampoco encontramos contrato que dé cuenta de que la municipalidad o el GORE hayan contratado ese servicio”.

En cuanto a cómo se dieron cuenta de la resciliación del primer contrato, Bermúdez dijo que “nosotros, mediando la toma de razón de este proceso, recibimos una denuncia con reserva de identidad de una persona que nos dijo ‘está realizándose esto sin haber pasado por la Contraloría’”.

Respecto de lo preguntado por el diputado Sergio Gahona referente a si el municipio podría condicionar la entrega del terreno para el hospital y a cambio ser retribuido, el contralor se limitó a leer el acuerdo del Concejo Municipal, que señala que “la donación gratuita de la municipalidad al Fisco será efectuada por el único objeto de que se destine el terreno a la construcción del nuevo hospital de La Serena, destinándose, de esta manera, el inmueble a satisfacer una necesidad pública”. Pero él añade que la condición “no es que se adquiera otro bien, la condición que pone la municipalidad es que se done, pero condicionado a que esto sea para un hospital, pero no hay una segunda condición que diga se lo donó a condición de que usted me reemplace o me restituya, o compense con otro terreno”.

 

Diputados analizan sesión

Tras la sesión, parlamentarios entregaron su visión sobre la Comisión Investigadora. Juan Manuel Fuenzalida indicó que fue “bastante informativa respecto de lo que son los puntos de vista de la Contraloría General de la República. Fue bastante bien esquematizado y sistematizado el proceso de compra desde su inicio hasta su adquisición final. Bastante positiva la sesión en el sentido de que fue muy explicativa por el órgano contralor desde el punto de vista del derecho público”.

Por su parte, el diputado Raúl Saldívar, dijo que se trató de una sólida exposición por parte del contralor Jorge Bermúdez, “lo que más sorprende es que en este procedimiento de compra se adquirieron los terrenos, se inscribieron, se pagaron rápidamente antes de la toma de razón y, a partir de ahí, es que se produce otra serie de dudas que llevaron a la Contraloría a tomar el caso y hacer las investigaciones respectivas. Por ejemplo, que no haya habido autorización del Ministerio de Hacienda para celebrar el compromiso de compraventa, un asunto que es previo y fundamental. En segundo lugar, el precio, puesto que de acuerdo a la cotización más cara, el Fisco pagó a lo menos más de mil cincuenta millones de sobreprecio y la oferta más cara ya estaba un poco sobredimensionada”.

Más adelante, el parlamentario se refirió a que tampoco se justificaba un trato directo para la adquisición de los terrenos y que la Contraloría ha señalado que no existe fundamento alguno para ello. También dijo que cuando se traspasó el terreno para un nuevo hospital no había ningún elemento vinculante para compensar al municipio.

“Cuando se dice que era indispensable compensar a la municipalidad, es probable que lo hayan conversado, pero no existe un antecedente formal que justifique la actuación tan acelerada por parte del Gobierno Regional respecto de adquirir un terreno para la municipalidad y que esa urgencia justificara la compra a cualquier precio”, agregó Saldívar.

Otro de los parlamentarios que se refirió a la primera sesión fue Matías Walker, quien indicó que “para mí hay dos hechos claves que ratificó el contralor: Primero, las diferencias en los precios de tasación en muy poco tiempo entre cuatro mil y nueve mil millones de pesos, es una situación escandalosa. También, lo relacionado a la resciliación y modificación de los términos de la compraventa, autorizando al portador de copia autorizada liberar los vale vistas representativos del precio antes de la toma de razón por parte de la Contraloría”.

El parlamentario añadió que será muy importante la comparecencia en la próxima sesión de la exintendenta, Lucía Pinto, la que ha sido invitada a exponer, como también al exadministrador regional, José Cáceres, y que se ha propuesto invitar a exabogados del Gobierno Regional en futuras sesiones.

 

Proceso de compra en la mira

El contralor detalló cuál es el procedimiento legal para la adquisición de un inmueble y explicó de qué forma llevó a cabo el proceso el Gobierno Regional.

Primero se realiza la identificación de necesidad pública, para seguir con la consulta de disponibilidad de terrenos a organismos públicos. Se continúa con la licitación pública (elaboración de bases administrativas y técnicas, y publicación), para luego dar lugar a la adjudicación y resolución que la aprueba.

Posteriormente se realiza la toma de razón, firma de contrato e inscripción en el Conservador de Bienes Raices, para posteriormente realizar el pago.

El GORE, señaló el contralor, comenzó con la identificación de necesidad pública, para continuar con la intención de venta de terreno por parte de inmobiliarias y siguió con la firma del contrato de venta. Luego procedió con la resolución que autoriza trato directo y probó el contrato de compra venta.

Ingreso a trámite de toma de razón, representaciones, resciliación y firma de nueva compra venta. Inscripción en Conservador de Bienes Raíces y pago.

 

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