Crédito fotografía: 
Lautaro Carmona

A casi un año que detonara el llamado caso “Papaya Gate”, que involucra la compra de un terreno para un complejo deportivo en La Serena por montos sobrevalorados por parte del Gobierno Regional, el Consejo de Defensa del Estado, CDE, decidió querellarse en contra de la exintendenta regional, Lucía Pinto y dos altos exfuncionarios del Gobierno Regional: El exjefe del Departamento Jurídico, Eduardo Espinoza, y el jefe de la División de Planificación y, posteriormente, administrador regional, José Cáceres. Y, además, en contra de un particular, Pablo Bracchitta.

Los cuatro personeros apuntados por el CDE son precisamente los nombres que El Día reveló en los reportajes que abordaron el tema del “Papaya Gate”.

Al respecto, la acción interpuesta por el CDE, a través de su Procuraduría Fiscal de Valparaíso, por el delito de fraude al Fisco, sostiene que los querellados actuaron, no sólo incumpliendo dolosamente los deberes del cargo, ya que en conjunto realizaron todas las gestiones necesarias para la adquisición del terreno para un complejo deportivo, permitiendo que se perfeccionara el contrato de compraventa pese a no contar con la respectiva toma de razón de la Contraloría Regional sino que, además, con conocimiento de la existencia de tasaciones que valoraban los terrenos en menos del 50% del valor por el cual el Gobierno Regional, GORE, los compró, provocando un perjuicio fiscal.

Leer también: La historia no contada del “Papaya Gate” 

Argumentos del CDE



En los argumentos de la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, se señala que según los antecedentes de la investigación penal, los querellados habrían hecho caso omiso de las objeciones de la Contraloría, a pesar de que el ente fiscalizador les representó las irregularidades evidenciadas en todo el procedimiento de compra, luego que el Gobierno Regional no pudo fundamentar debidamente para adquirir los terrenos mediante trato directo, ni justificó el elevado precio pactado con los particulares. “Los querellados, a sabiendas que existían tasaciones de los inmuebles por un valor inferior a la mitad del ofertado, decidieron insistir y realizar todas las gestiones necesarias para poder perfeccionar el contrato de compraventa, lo cual evidencia el dolo en su actuar”, señala la querella del CDE.

Pero el CDE también imputa responsabilidad en el daño fiscal al representante de las inmobiliarias involucradas en la compraventa, Pablo Bracchitta, señalando que éste, de acuerdo con los antecedentes de la indagatoria, habría solicitado y pagado los informes de tasación cuestionados por la Contraloría Regional, firmado la carta de oferta de venta de los terrenos y retirado desde la Notaría los vale vista con que fueron cancelados, siendo  el receptor de la millonaria cifra pagada de 9.800 millones de pesos.

Los exfuncionarios del Gobierno Regional y ahora querellados por el CDE, habían sido mencionados en la investigación periodística realizada por diario El Día el año pasado, como también otros actores, los que podrían ser sujetos de acciones judiciales en el futuro.

Incumplimiento malicioso 



En otro acápite de la querella del CDE,  argumenta que “el detrimento al patrimonio fiscal es producto de un incumplimiento malicioso de los deberes funcionarios de los querellados, pues no sólo no analizaron debidamente los antecedentes fundantes de una operación de casi $10 mil millones sino que, actuando en contra del mérito de los mismos, además, eludieron intencionalmente la correspondiente toma de razón por parte del órgano de control (Contraloría Regional), trámite necesario para analizar la legalidad, fundamento, seriedad y eficacia del acto administrativo que aprobaba la compraventa en cuestión”. 

El texto de la acción legal iniciada por el Consejo de Defensa del Estado, especifica que todo lo anterior se hace en clara contravención al principio que rige la administración pública, en orden a la obligación funcionaria de resguardar el patrimonio fiscal.

Se confirman sospechas 



Con la acción legal iniciada por el CDE el viernes 23 de julio, se comienzan a confirmar las sospechas que surgieron desde la primera sesión en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, y es que  deberían ser varios los involucrados  relacionados con el Gobierno Regional y también particulares, que habrían actuado en una verdadera madeja que permitió la adquisición de un terreno a un evidente sobreprecio, para favorecer a alguien en detrimento del patrimonio estatal.

Reacciones por la querella 



Una de las primeras en reaccionar ante la querella interpuesta en contra de la exintendenta, Lucía Pinto, dos ex funcionarios del Gobierno Regional y un particular, fue la gobernadora regional, Krist Naranjo, quien sostuvo que recibía la acción interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado “con satisfacción y tranquilidad porque muestra que las instituciones llamadas a resguardar el patrimonio nacional están funcionando, pues este caso representa un gran perjuicio para el Estado y, por ende, para cada ciudadano y ciudadana de esta región. Por ello, espero que se desarrollen prontamente y en los más correctos niveles de justicia”.

Agregó que por tratarse de una situación irregular en varios aspectos, “agradezco el compromiso de quienes con transparencia y de manera correcta han enfrentado estos procesos para llegar a resultados justos en las distintas instancias de investigación”.

Si bien en oportunidades anteriores se había referido al caso, el exintendente regional y hoy Delegado Presidencial, Pablo Herman, quien asumió luego de la destitución de Lucía Pinto y debió enfrentar el escándalo, declinó referirse a la acción judicial iniciada, señalando escuetamente que “no nos referimos a investigaciones en curso”.

Quien sí se refirió fue el diputado Daniel Núñez, presidente  de la Comisión Investigadora del llamado “Papaya Gate” en el Parlamento y en donde han declarado el contralor  nacional, Jorge Bermúdez, funcionarios del Gobierno Regional y de la municipalidad de La Serena, entre otros.

Núñez lo catalogó como algo “tremendamente necesario”, resaltando que toda la labor de la Comisión Investigadora del Papaya Gate, puso en evidencia para lo opinión pública y también para el CDE, las graves irregularidades que habría en este caso.

Mencionó que si bien el órgano contralor no reaccionó de inmediato, cuando el contralor Jorge Bermúdez declaró ante la comisión, “quiere decir que todo el debate que se generó en la Comisión Investigadora, terminó por convencer al Consejo de Defensa del Estado que tenía que actuar, así que yo espero que la Fiscalía siga el mismo camino, que apure sus indagatorias y que en poco tiempo más, también, tengamos la justicia actuando, porque es evidente que aquí hubo una acción deliberada para defraudar al Fisco”, señaló.

En opinión del diputado Núñez, en este caso existen delitos nítidos, como es el uso de información privilegiada, tráfico de influencias, lo que eran ejemplos de corrupción que no se debían aceptar en Coquimbo ni en ninguna parte de Chile.

Castigo judicial   



El diputado Daniel Núñez se mostró partidario de que hubiese un castigo por parte de los tribunales a todos los involucrados en el caso, “porque lo que estamos discutiendo no son faltas administrativas, son delitos que están en el Código Penal”.

En el mismo tenor, se mostró partidario de que los recursos (9.800 millones de pesos) deben reponerse porque fueron mal habidos y porque “son  recursos tremendamente necesarios, más aun en pandemia, son cifras muy grandes, pero es importante que la justicia actúe”, dijo.

El escándalo



El escándalo que salió a la luz pública a fines de septiembre del año pasado no sólo desnudó malas prácticas  en la administración pública, también gatilló que el Ministerio Público investigara posibles redes de poder ocultas para establecer si existía una defraudación fiscal en la adquisición de un terreno por 9.800 millones de pesos realizada de manera irregular entre el Gobierno Regional y un grupo inmobiliario y cuyo valor real era unas cinco veces inferior al que fue transado. El sitio sería destinado para construir un centro deportivo en el sector de San Ramón en La Serena y era una compensación del Gobierno Regional a la municipalidad de La Serena, porque ésta entregó de manera gratuita un terreno para que se construya allí el nuevo hospital de La Serena.

La Contraloría había objetado el proceso de compra a la exintendenta regional, Lucía Pinto, sin embargo, la administración del Gobierno Regional, decidió, en la última etapa, no informar al ente contralor, saltándoselo, lo que detonó el escándalo que terminó con la dimisión de Lucía Pinto.

A casi un año de que se conoció el caso, no han habido personas formalizadas como responsables por una compra de terreno que ha sido sindicada por la contraloría como al margen de la norma y hasta el viernes recién pasado no se había presentado querella en contra de exfuncionarios del Gobierno Regional y que podrían tener directa participación en los hechos que se han denunciado como fraudulentos. La acción judicial presentada por el Consejo de Defensa del Estado se convierte en la primera querella en contra de personas y las responsabiliza de una compra sobre valorada y en desmedro fiscal.

Lo que podría venir posteriormente, de ser encontrados responsables de perjuicio económico al Fisco, son acciones civiles, destinadas a la recuperación de los dineros que salieron de las arcas del Gobierno Regional, ya que se podría considerar que en este caso hubo una clara “lesión enorme” (ver recuadro) en perjuicio de las arcas del estado. 

Las acciones que podrían venir 

Si bien el Consejo de Defensa del Estado, CDE, presentó una querella criminal en contra de cuatro actores en la compra del terreno que sería destinado a la construcción de un complejo deportivo en el sector de San Ramón en La Serena, cuyo valor fue abultado casi en cinco veces, lo que habría provocado un daño económico fiscal, una vez que se tenga claro quiénes fueron los responsables, se iniciarían acciones en los tribunales de orden civil, destinadas a recuperar los recursos que fueron cancelados a un precio que no correspondía y también destinadas a anular el contrato de compra venta que se firmó de parte del Gobierno Regional con particulares. Según señalan los expertos, se podría argumentar “lesión enorme”, que es una figura jurídica que permite rescindir un contrato de compraventa cuando una de las partes ha sufrido un perjuicio desproporcionado en el negocio. Esto ocurre cuando el comprador paga más del doble de lo que realmente vale la cosa. 

 

Suscríbete a El Día y recibe a diario la información más importante

* campos requeridos

 

 

Contenido relacionado

- {{similar.created}}

No hay contenido relacionado

Cargando ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario El Día

 

 

 

X