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Desde la empresa multada afirman que cuentan con los Derechos de Aprovechamiento de Agua suficientes para el riego de la totalidad de sus cultivos y que el informe tiene una serie de inconsistencias.

Una multa por 1.100 UTM por “la extracción no autorizada de aguas superficiales desde una bocatoma no autorizada instalada directamente en la ribera izquierda del Estero Derecho”, fue la sanción determinada por la Dirección General de Aguas de la Región de Coquimbo contra la agrícola El Cerrito S.A., de propiedad de la familia Luksic.

Según concluyó el organismo, la situación se originó en diciembre del 2020, cuando la Junta de Vigilancia del Estero Derecho, en Paihuano, denunció que en el Fundo Cerrito había un punto de extracción de agua irregular.

Los regantes registraron la situación en un video que  dieron a conocer públicamente y que llevó a la resolución de la DGA, indicando que El Cerrito debe efectuar “la deshabilitación total del sistema de captación de aguas superficiales no autorizado, retirando todas las instalaciones correspondientes a la caseta de la bomba, tablero eléctrico y tubería”.

El texto agrega que “en caso de que no se cumpla lo resuelto, se podrá sancionar a la empresa duplicando el monto original de la multa. “Téngase presente que el incumplimiento del ordenado en el resuelvo anterior implicará la reiteración de la infracción la cual se podrá sancionar duplicando el monto original de la multa”, señala la resolución.

Además, ordena remitir copia del expediente al Ministerio Público, con el fin de que se incorporen estos antecedentes en la causa que se tramita en la Fiscalía Local de Vicuña.

La resolución podrá ser impugnada por las partes a través de los recursos especiales establecidos en los artículos 136 137 del Código de Aguas dentro de un plazo de 30 días desde la notificación.

Implementos retirados



Horacio Hevia, presidente de la Junta de Vigilancia de Estero Derecho, recibió la denuncia por parte de los regantes del Canal Asiento sobre la situación que ocurría en el predio de propiedad del empresario en diciembre de 2020.

El dirigente de los regantes, consultado por El Día, se mostró satisfecho por la resolución, sosteniendo que se encuentra dentro de lo que esperaba la Junta de Vigilancia.

“Administrativamente es lo máximo que se podía hacer, todavía falta la apelación de la agrícola”, señaló.

Hevia precisó que si bien la resolución de la DGA dice que deben ser retiradas las bombas y el sistema de captación de aguas, esto fue retirado por orden de la Junta de Vigilancia el 27 de diciembre del 2020.

“Eso ya fue retirado en esa fecha, no es que se siga sacando agua hasta ahora. Dimos las órdenes y sacamos las fotografías que se había retirado la bomba”.

Hevia sostiene que han estado en contacto con los administradores de la agrícola para hacerle saber cómo deben operar ante la grave sequía que están viviendo y el agua debe ser bien administrada. 

“Se debe dejar en claro que ellos no pueden sacar agua si no se la entrega la Junta de vigilancia. El recurso que hay en el estero se debe distribuir entre todos los regantes, da lo mismo la cantidad de acciones que ellos tengan, se entrega equitativamente a cada canal, los 22 que pertenecen al Estero Derecho reciben agua por igual, es equitativo”, finalizó Hevia.

Serie de inconsistencias



Respecto de la resolución de la Dirección General de Aguas sobre la fiscalización de la extracción de aguas desde el Estero Derecho, desde la Agrícola El Cerrito declararon, a través de una declaración pública, que “la resolución deja claramente establecido, a partir de los antecedentes aportados por Agrícola El Cerrito y de los análisis propios de la DGA, que la Empresa cuenta con los Derechos de Aprovechamiento de Agua suficientes para el riego de la totalidad de sus cultivos”.

El documento sostiene que la “DGA Regional en su decisión omite y no pondera parte importante de los antecedentes, testimonios e informes aportados por Agrícola El Cerrito en este proceso. Todo ello, se traduce en que la resolución contiene una serie de inconsistencias, y carece de una debida fundamentación, lo cual la hace contraria a derecho”.

Por lo anterior, están evaluando todas las acciones que correspondan con el fin de lograr que se incorpore, pondere y analice todos los antecedentes probatorios aportados en este procedimiento.

 

 

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