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Lautaro Carmona
El condenable ataque que sufrió un grupo de inmigrantes en la ciudad de Iquique, instala la urgente necesidad de generar políticas públicas desde la perspectiva de la no discriminación.

El pasado sábado Chile hizo noticia alrededor del mundo por un ataque xenófobo ocurrido en Iquique, donde un grupo de personas quemó pertenencias y documentos de aproximadamente 30 migrantes de origen venezolano que pernoctaba en carpas en la ciudad del norte.

Esta situación se dio luego de que un grupo de extranjeros fuera desalojado por Carabineros desde Plaza Brasil, y de una marcha contra la migración convocada por los mismos vecinos de la capital de la Región de Tarapacá.

Y es que la crisis económica de países como Venezuela y Haití, sumado a los buenos índices de Chile, ha impulsado la migración hacia nuestro país, generando que miles de personas ingresen tanto de manera regular como a través de pasos no habilitados.

Una realidad que supera con creces las capacidades de regulación por parte del Estado, que si bien reformó la ley de Migración y Extranjería que data de 1975, ésta aún no entra en vigencia pues está a la espera de su reglamento. Lo anterior, se conjuga con la lentitud de procesos de obtención de visas, que pueden tardar años, lo que les impide, entre otras cosas, trabajar de manera apropiada, contribuyendo a la vulnerabilidad económica de los mismos extranjeros.

 

Cambio de foco

En la comuna de La Serena es cada vez más frecuente encontrarse con campamentos improvisados de personas que ocupan espacios públicos para instalarse, ya sea provisoriamente o por un tiempo indeterminado.

En algunas oportunidades, se ha ordenado el desalojo por la fuerza, lo que a juicio de expertos no sería una solución al fondo de la problemática, que hoy es vista como una crisis humanitaria a nivel mundial.

Al respecto, Daniel Fredes, sociólogo y profesor de la Universidad Central (Ucen), manifestó que “el país ha enfrentado el problema de la migración, principalmente como un problema de orden público y claramente eso propicia cierto camino fértil para los discursos de odio, generando estas expresiones extremas que vimos en Iquique. Es bien importante entender que, por ejemplo, en Chile la última encuesta nacional de derechos humanos daba cuenta de una paradoja: por un lado los ciudadanos chilenos tenemos la idea de que los migrantes pueden ser peligrosos , agresivos o molestos, pero cuando nos preguntan sobre las relaciones concretas con personas de otras nacionalidades, la mayoría no las han tenido y los que las han tenido ha sido buena”.

Sobre posibles soluciones, el profesional indicó que “para hacerse cargo de esto lo primero es entender que la migración es un derecho humano y como todos los derechos humanos los Estados tienen el deber de garantizarlos (…) Es evidente que si no hay políticas frente a migraciones masivas, las personas van a hacer lo que esté a su alcance y si eso es vivir en la calle, eso va a ocurrir, y justamente es tarea de los Estados poder generar políticas que permitan que la migración se haga en condiciones humanitarias. El Estado necesita tener una respuesta integral al tema de la migración, no solo enfocada a lo que es control de frontera, desalojo y en general respuestas policiales a respuestas sociales”.

 

Política migratoria

Por su parte, Tarcila Piña, directora regional del Instituto de Derechos Humanos, aseguró que “requerimos de parte del Estado una política migratoria que sea legal, eficaz y donde el eje esté en la dignidad de las personas y en un irrestricto respeto de protección y garantía a los derechos humanos”, agregando que “el Instituto Nacional de Derechos Humanos rechaza y le resulta inaceptable la humillación contra los migrantes vulnerables en las zonas limítrofes de nuestro país. El discurso xenófobo que asimila la migración con la delincuencia se ha ido volviendo más frecuente en nuestro país”.

Para el diputado DC Matías Walker, “más allá que el gobierno pueda publicar el reglamento de la ley que aprobamos en la Cámara de Diputados, se necesita una política pública integradora que parta por la educación. En la Región de Coquimbo particularmente la migración española, italiana, palestina, del lejano oriente ha generado un aporte muy importante al desarrollo y eso hay que inculcarlo a todas la nuevas generaciones”,  enfatizando en que “lo que se requiere es una mirada integradora, no discriminadora, con un alto foco en la ayuda humanitaria y que en definitiva se puedan generar incentivos a quienes quieren regularizar su situación migratoria”.

En tanto, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) considera que “es un tema que complica la realidad regional y por eso lo primero es cumplir con el artículo transitorio que establece la nueva ley de migraciones que exige la regularización dependiendo si se entró por paso habilitado o no. Yo creo que los migrantes son todos bienvenidos, sin embargo se tiene que cumplir con los requisitos legales”.

 

Desmitificación

Mario Jorquera, sociólogo del Instituto de Políticas Públicas de la UCN y director técnico del estudio “Situación migratoria de la Región de Coquimbo, en contextos de pandemia”,  mandatado por la Organización Internacional de las migraciones OIM, de la ONU, sostuvo que “es un camino sumamente complejo que debe ser abordado de diversas aristas”, explicando que es “importante poder llevar a cabo estudios, investigaciones y diagnósticos que nos permitan dar cuenta y aportar a la desmitificación que existe en torno a la población migrante y a la relación que existe con la población migrante y el narcotráfico, cuestiones que están arraigada en el imaginario colectivo, pero que realmente no es así”.

 

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