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Lautaro Carmona
Si bien diario El Día se comunicó con la Fiscalía Regional de Valparaíso para conocer los avances de la investigación, no informaron de novedades. Paralelamente, se aguarda la realización de las sesiones finales en la Comisión Investigadora.

Cuando faltan sólo dos meses para que se cumpla un año desde que estalló el “Papaya Gate”, que derivó en una investigación por parte del Ministerio Público y de la Contraloría por un eventual fraude al Fisco de parte del Gobierno Regional, según la información a la que pudo acceder diario El Día, aún no hay personas formalizadas por este caso.

En ese contexto, cabe destacar que desde la Contraloría Regional de la República, señalaron que siguen en curso una serie de sumarios que se iniciaron en agosto de 2020, aunque sin novedades por el momento. Estos involucran al Gobierno Regional, a la Municipalidad de La Serena y a la Seremi de Desarrollo Social, relacionadas principalmente con decisiones administrativas.

Paralelamente, recordemos que hace dos meses se dio inicio a la Comisión Investigadora del Papaya Gate, instancia que desde la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Daniel Núñez, busca avanzar en responsabilidades políticas, pero no tiene potestades ni en lo judicial ni penal. Sin embargo, de todas formas busca encaminar las indagaciones. 

Leer también: Papaya Gate: CDE se querella por fraude al Fisco contra tres ex altos directivos del GORE Coquimbo 

¿Avances? 



En la actualidad, no habrían formalizados, en un caso que es llevado adelante por la Fiscalía Regional de Valparaíso, que es encabezada por la fiscal Claudia Perivancich. 

Diario El Día, pese a los intentos y consultas, no logró tener información fresca respecto del avance de la investigación por el caso “Papaya Gate” hasta la fecha.

Por otra parte, fuentes que conversaron con El Día subrayan que es, a lo menos curioso, que un caso tan importante para la Región de Coquimbo, esté en manos de la Fiscalía de Valparaíso, lo que deja entrever una falta de confianza con la entidad local.

Cabe recordar que este escándalo derivó en la salida de la exintendenta Lucía Pinto, quien es una de las principales indagadas. Así como también José Cáceres, en su calidad de exadministrador regional, a quien se le asigna gran responsabilidad en las acciones de coordinación con otros estamentos.

Bajo ese punto de vista, cercanos al caso sienten que se avanza con mayor celeridad desde el ámbito político, no así desde lo judicial, lo que genera inquietud y expectativas entre quienes están atentos a un hecho que, sin duda, ha tenido repercusión en el oficialismo. Incluso, muchos se atreven a asignar una buena cuota de responsabilidad a este escándalo en los deficientes resultados electorales de la derecha en los más recientes comicios. A su vez, desde la oposición, han insistido que ha faltado interés de la propia Lucía Pinto, que no se ha presentado ante la Comisión Investigadora.



Las responsabilidades políticas 



Por otra parte, la Comisión Investigadora del Papaya Gate, que actualmente se sigue desarrollando por la Cámara de Diputados, podría llegar a extenderse por tres sesiones más. 

Para poner en contexto, esta instancia busca definir responsabilidades políticas. La Cámara poco a poco ha ido interiorizándose de estos hechos, debido a las irregularidades detectadas por la Contraloría Regional, que nunca tomó razón de la transacción que buscaba concretar la compra de terrenos en el sector de San Ramón por parte del Gobierno Regional para establecer un complejo deportivo en la zona.

 Precisamente, la Contraloría señaló que existía un sobreprecio pagado a los inmobiliarias, que no se pudo justificar y que ascendía a los $9.800 millones.

Cabe destacar que en las próximas sesiones participará la fiscal regional de Valparaíso - quien confirmó que asistirá- y también podría hacerlo el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio. 

El diputado Daniel Núñez, afirmó que “necesitamos saber qué medidas se han adoptado, tanto administrativas como a nivel penal. Es decir, que la Fiscalía nos señale sobre qué base están avanzando y cuándo podríamos tener novedades de la justicia, ya que en mi opinión hay antecedentes de sobra para acreditar uso de información privilegiada, tráfico de influencias y fraude al fisco, pero la lentitud genera una sensación de impunidad en la comunidad”, indicó.

Cabe recordar que esta comisión tiene como plazo límite para sesionar el 20 de agosto.

A su vez, podrían ser citados nuevamente para declarar en esta instancia Paulina Tapia, al momento de los hechos funcionaria de la Diplan, y el seremi de Desarrollo Social, Marcelo Telias.  

 

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