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Alejandro Pizarro
El diputado por el Partido Ecologista Verde, Félix González, ingresó un escrito al Servel para certificar las firmas necesarias para llamar a una votación legal en la comuna con el objetivo de definir el futuro de la iniciativa. En tanto, un abogado constitucionalista explica que la expropiación es potestad de la autoridad central.

 

Hasta las oficinas del Servicio Electoral en La Serena llegó un grupo de simpatizantes y militantes del Partido Ecologista Verde, liderado por el diputado de esa tienda política, Félix González, con el fin de ingresar un escrito para que el organismo certifique el número de firmas necesarias para poder convocar a un plebiscito en la comuna de La Higuera.

En medio de los coletazos políticos y sociales que aún genera la aprobación por parte de la Comisión Ambiental el miércoles de la semana pasada, del EIA del proyecto minero-portuario Dominga, el planteamiento que ahora hacen los ecologistas es que, a través de esta consulta comunal se pregunte la posibilidad de expropiar de los terrenos de la zona amenazada que hoy son propiedad de la empresa Andes Iron.

“Para poder hacer el plebiscito (…) tenemos que recolectar una cantidad de firmas que es alrededor del 10% de quienes votaron en la última elección y si logramos juntarlas, el plebiscito sería obligatorio para el alcalde”, afirma el diputado González.

Y pese a que el proyecto Dominga aún se encuentra judicializado, para el parlamentario del Biobío, la posibilidad de llamar a una votación en la comuna de La Higuera es una alternativa que no puede dejar de tomarse en cuenta.

“Nosotros creemos que es necesario explorar todas las necesidades y no solamente la vía judicial, pues las leyes están hechas por los empresarios”, explicó.

En ese sentido, González señaló que al ser éste un año electoral, dicho proceso no se podría realizar durante el presente año, por lo que esperan preparar todo para desde ya, poder concretarlo en 2022.

“Tenemos tiempo y hemos abierto ya un debate con las organizaciones, con la misma ciudadanía de La Higuera, porque hay bastante desconocimiento de lo que son los plebiscitos, puesto que en esta región nunca se ha hecho uno”, comenta.

A manera de antecedente incluso, el diputado del PEV pone como ejemplo, un plebiscito comunal –regulado por el Servel- que se desarrolló en 2019 en San Pedro de la Paz que se hizo para proteger una laguna y un humedal, modificando el plano regulador de esa comuna.

Sin embargo, al no conseguir el quorum necesario en la votación –la mitad del universo de votantes del padrón electoral de la comuna– el resultado no fue vinculante.

 

Un Bluff

Consultado sobre esta propuesta, el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, calificó esta estrategia como un “tremendo bluff”, y no ahorró palabras para denostar la iniciativa.

“Yo le digo a ese diputado que ese plebiscito ya se hizo, y segundo, que vaya a ser campaña a su comuna, que no se ande moviendo por acá”, señaló.

Junto con calificar de “inválida” la propuesta, Galleguillos afirmó que los diputados “están para hacer leyes, para aprobar o rechazar leyes. Entonces que él (González) haga y formule un proyecto de ley para modificar el SEA y no ande ahora tirando bluff que no van a conducir a nada”, afirmó el edil.

“¿Pero qué pasa si la gente dice sí (a Dominga)? ¿Tú crees que estos opositores, Oceana y todos estos grupos ambientalistas se van a quedar tranquilos? Si hacen un plebiscito, va a ganar el Sí a Dominga. Antes ya se hizo: el 56% de la gente votó que estaba a favor de los proyectos mineros en la comuna y un 40% en contra”, puntualizó la autoridad.

 

Reparos legales

Pero realmente, ¿sería posible que, a través de un eventual plebiscito -vía Servel- se pueda pedir la expropiación de los terrenos de una empresa, en este caso, de Andes Iron donde se emplazaría el proyecto minero-portuario Dominga?

A juicio de Gonzalo Cortés, abogado constitucionalista y académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte, se deben tener en cuenta dos aspectos: primero, que el artículo 118, inciso 5º de la Constitución en vigor, autoriza en efecto, a convocar a consultas no vinculantes o plebiscitos comunales, “bajo ciertas hipótesis” y reenvía a una Ley Orgánica Constitucional la determinación relativa a la oportunidad, forma de la convocatoria y efectos de dicho proceso participativo.

Pero además, los artículos 99 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades regulan tales materias, especificando que éstas deben tratarse de materias relativas a administración, inversiones y desarrollo “siempre que sean propias de la esfera de competencia municipal.”

Pues bien, según el experto, la expropiación “es un acto de autoridad que no depende de los municipios, sino de la autoridad central. Por tal razón, un plebiscito comunal con el propósito de que se proceda a una expropiación no sería apropiado”.

Ahora bien, un plebiscito comunal encaminado a mandatar a la autoridad local para tomar medidas tendientes “a resguardar los recursos naturales, el territorio o el medio ambiente frente a una amenaza directa o vinculado a otra materia que sí se encuentre dentro de la esfera competencial o posibilidades de actuación de la municipalidad respectiva, resulta perfectamente procedente”, señaló el académico.

 

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