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Lautaro Carmona
Entidades de funcionarios señalan que la medida será perjudicial para atender pacientes Covid y patologías asociadas como consecuencia de esta enfermedad. Asimismo, consideran apresurado retornar a una condición de pre-pandemia al interior de los hospitales.

Si bien se ratificó por parte de la Contraloría que se tomó razón de la prórroga solicitada por el Gobierno para extender hasta el 31 de diciembre el decreto del Ministerio de Salud que establece el estado de alerta sanitaria debido a la pandemia del Covid-19, hay diversas condiciones que les preocupan a los funcionarios de salud.

De acuerdo a esta disposición, el Gobierno podrá seguir tomando medidas como, por ejemplo, controlar los aforos y disponer de la red de salud pública y privada para el manejo de la pandemia, sobre todo en vistas del eventual crecimiento de la variante Delta, que es 10 veces más contagiosa que otras cepas del virus.

Más allá de esas medidas, en los propios funcionarios existe inquietud ante el término de contrato de funcionarios Covid, situación que ya fue anticipada por la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) y que llegó finalmente a concretarse.

En efecto, de acuerdo a lo señalado por el Servicio de Salud Coquimbo a El Día, “dado que las contrataciones estipulaban un periodo de plazo fijo, los contratos de cerca de 600 trabajadores terminaron su vigencia este 30 de septiembre. Pese a lo anterior, cabe destacar, que más de 600 funcionarios de refuerzo Covid continuarán por el momento en sus labores apoyando las áreas más críticas, sectores esenciales para el combate de la pandemia según las necesidades que aún persisten en el actual escenario epidemiológico”.

Como argumento, indicaron que “el actual escenario sanitario ha cambiado. El número de pacientes internados en las UCI de nuestros hospitales se ha reducido, lo que ha permitido comenzar el proceso de descomplejización de camas críticas y adecuar las estrategias de atención”.

 

Molestia

Dirigentes de diferentes organizaciones mostraron su molestia ante los efectos que esta determinación podría ocasionar.

De acuerdo a datos obtenidos por nuestro medio, hasta la jornada de ayer 82 funcionarios en Ovalle, 40 en Illapel, 84 en Coquimbo y 96 en La Serena estarían con notificaciones en curso. Por contraparte, alrededor de 400 se encontraban en proceso de desvinculación, mayoritariamente técnicos y auxiliares de servicio.

La dirigenta de Fenpruss del Hospital de Coquimbo, Ximena Ampuero, en diálogo con diario El Día, señaló que hasta septiembre,“por ejemplo, en el Hospital de Coquimbo teníamos alrededor de 380 funcionarios a honorarios Covid, y en el Hospital de La Serena había más de 800. Sabemos en forma fehaciente que se les solicitó a los hospitales reducir prácticamente a la mitad a este personal, y para nosotros, que incluso desde antes de la pandemia teníamos un déficit de recurso humano, esto aparece como algo muy negativo”.

Además, indicó que “en camas UCI, a nivel regional, vamos a quedar con 62 camas de un total cercano a las 142. Esto requiere personal, y si se disminuye, esto será muy perjudicial para quienes sigan trabajando. Por ejemplo, los kinesiólogos y los fonoaudiólogos son funcionarios que son importantes, tanto de las camas UCI como de la rehabilitación del paciente. Vamos a perder la opción de entregar esa prestación”.

Con respecto de la disminución de personal, la profesional argumentó que “no se justifica, porque la pandemia sigue y tenemos un aumento de casos Covid en la región. Entonces, prorrogar la alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre es importante, pero Hacienda no nos entrega financiamiento. Además, los hospitales autogestionados en red ya tenemos un sobreendeudamiento”.

A su vez, están preocupados por el retorno a la normalidad de determinados funcionarios. “A través de la resolución 2513 del Servicio de Salud, mucho personal se fue con teletrabajo, ya que correspondían a grupos de riesgo, porque son diabéticos o hipertensos, además de mujeres que no cuentan con redes para el cuidado de sus hijos. Esto también se termina para los funcionarios a partir del 1 de octubre”, señaló Ximena Ampuero.

Mauricio Ugarte, presidente regional de Fenats, también lamentó esta realidad. “Es triste para aquellas funcionarias y funcionarios, que en su mayoría es personal de apoyo a servicios clínicos. La extensión de esta alerta sanitaria no necesariamente define la ejecución presupuestaria y los recursos que requiere el sistema para finalizar el año, porque existe una grave crisis de insumos”, finalizó el dirigente.

 

¿Continúan los fiscalizadores?

Aunque se finalizó con el estado de excepción y se determinó la continuidad de la alerta sanitaria, el personal dedicado a labores de fiscalización prosigue en sus acciones. Roberto Villalobos, jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud, aseguró que “se sigue contando con personal especialmente contratado para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias por Covid-19”.

Además, comentó que “los fiscalizadores se encuentran distribuidos en todas las oficinas comunales de la región y efectivamente velarán por el cumplimiento del aislamiento correspondiente para los casos activos y contactos estrechos, viajeros y aplicación de medidas sanitarias que dicen relación con aforos, uso de mascarilla, limpieza y desinfección, entre otros. A esto se suma el correcto uso del pase de movilidad de acuerdo con las instrucciones emanadas por el Ministerio de Salud”.

 

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