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Lautaro Carmona
La causa sigue desformalizada y en completo hermetismo. En tanto, desde la Municipalidad de La Serena informan que el proyecto del centro deportivo en San Ramón se encuentra detenido, mientras que la gobernadora regional afirma que se estudia la fórmula para poder recuperar la inversión.

Un año ha pasado desde que salió a la luz pública el denominado “Papaya Gate” y hasta ahora la investigación se mantiene desformalizada y sin avances conocidos respecto al eventual delito de fraude al fisco, el mayor del que se tenga registro en la Región de Coquimbo.

La Fiscalía indaga la adquisición irregular de terrenos por $9.800 millones para la construcción de un centro deportivo que iba a estar ubicado en el sector de San Ramón, en La Serena.

En este escenario, la Intendencia aprobó en cuatro oportunidades el contrato para su compraventa, pese a que la Contraloría los rechazó uno a uno, al no apegarse el proceso a la legalidad exigida para el sistema público, ya que nunca pasó por la toma de razón correspondiente.

Según los antecedentes conocidos, los principales involucrados serían los exaltos directivos del Gobierno Regional de Coquimbo: la exintendenta Lucía Pinto, el exjefe del Departamento Jurídico, Eduardo Espinoza; y el exjefe de la División de Planificación y luego administrador regional, José Cáceres.

Recordemos que los paños se adquirieron en compensación a la Municipalidad de La Serena, que había traspasado de manera gratuita un espacio para edificar el nuevo hospital de la capital regional (ver recuadro).

Investigación de fiscalía 



El Día solicitó una entrevista con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich -quien lidera la investigación- con el objetivo de conocer el avance de las indagatorias. Sin embargo, desde dicha Fiscalía Regional se remitieron a enviar una breve declaración en la que indican que desde la denuncia de Contraloría “se han ido desarrollando una serie de diligencias en el marco de la investigación, la que se encuentra vigente y desformalizada”. 

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región de Coquimbo afirman que en la zona no se ha llevado ningún tipo de diligencia, por lo que de haberse realizado, las estaría ejecutando algún equipo de la Región de Valparaíso designado por la fiscal a cargo.

Querella CDE 



Quien también se ha hecho parte en este caso es el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que a través de su Procuraduría Fiscal de Valparaíso interpuso una querella criminal por el delito de fraude al fisco contra los tres exdirectivos del GORE.

En el marco de dicha acción, el CDE afirma que los involucrados incumplieron dolosamente los deberes de sus cargos al realizar todas las gestiones necesarias para la adquisición de los terrenos, permitiendo con ello que se confeccionara el contrato pese a no contar con la toma de razón de la Contraloría. Además, recalcan que actuaron con conocimiento de la existencia de tasaciones que valoraban los paños en menos del 50% del valor que finalmente se pagó, ocasionando con ello un evidente perjuicio fiscal.

Asimismo, apuntan a eventuales responsabilidades en estos hechos del gerente de las inmobiliarias involucradas, Pablo Bracchitta, quien habría solicitado y pagado los informes de tasación cuestionados por el ente contralor, firmando la carta de oferta de venta y retirando desde la notaría los vales vista con que fueron cancelados los montos, siendo –en definitiva- el receptor de la millonaria cifra.

Comisión investigadora de Cámara de Diputados 



A su vez se puso en marcha una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, con el fin de determinar las responsabilidades políticas del caso y aportar al esclarecimiento de los hechos.

Tras escuchar testimonios de funcionarios el Gobierno Regional y autoridades de la zona, la comisión llegó a un amplio consenso respecto de las irregularidades detectadas en la compra e incluyó en su informe final tanto conclusiones como recomendaciones de congresistas. Entre ellas, destaca que la “exintendenta Lucía Pinto es la principal responsable política del mayor caso de corrupción en la Región de Coquimbo”.

Defensa de Lucía Pinto



El abogado penalista Samuel Donoso Boassi, encargado de la defensa de Pinto, en entrevista con El Día calificó hace pocas semanas las conclusiones de dicha comisión como “sesgadas, poco objetivas y parciales”. 

“Tienen más cara de conclusiones que arriban de políticos que tienen un interés como contrincantes de un potencial candidato, como sería Lucía Pinto”, afirmó en su oportunidad el jurista.

Devolución de dineros 



Pero mientras la investigación avanza en completo hermetismo, surge la interrogante de qué sucederá con el proyecto de centro deportivo y los terrenos adquiridos de manera irregular.

Consultada por El Día, la gobernadora regional, Krist Naranjo, indicó que el espacio involucrado es un bien público.  “En cualquier caso nos parece bien que su destino sea mejorar la calidad de vida de los vecinos y comunidades que aspiran a contar con espacios más dignos, y estamos analizando su futuro”, señaló.

Respecto a si han evaluado alguna forma de recuperar los fondos o anular la compraventa, Naranjo afirmó que “sí, lo hemos estudiado y acabadamente, pero creo que no podemos ser tan inocentes para suponer que la nulidad de la contratación con la empresa que le vendió al Gobierno Regional va a significar la recuperación inmediata de esos fondos a las arcas fiscales. Sin perjuicio de ello, sabremos definir a corto plazo la manera de generar justicia en esta situación y la recuperación de los fondos sería lo pertinente”.

La autoridad agregó que como gobernadora está facultada y obligada a, por ejemplo, “denunciar otros delitos o conductas irregulares que aparezcan esclarecidas en el ámbito de las investigaciones y auditorías que se encuentran en curso”, lo cual se compromete a realizar “con total transparencia de ser así”.

“Lesión enorme” 



Al respecto el delegado presidencial, Pablo Herman, recordó que cuando era intendente, el entonces candidato a gobernador Darío Molina presentó un escrito para un procedimiento invalidatorio conforme a la Ley 19.880 con la finalidad de recuperar los fondos.

“Era un escrito para realizar una demanda por ‘lesión enorme’ a los propietarios del terreno para devolver los recursos que puso el Gobierno Regional. En ese sentido hicimos las gestiones con el Consejo de Defensa del Estado y es hoy este organismo el que nos está defendiendo como Estado”, declaró.

El representante del Presidente en la zona agregó que desde el CDE se solicitó que les permitieran hacer su trabajo. “En ese sentido, lo que hemos hecho es entregar todos los antecedentes y que el CDE actúe a favor del fisco para poder llegar o concretar la devolución de los dineros o en el fondo lo que dictamine la justicia”.

Proyecto se encuentra detenido

Desde la Municipalidad de La Serena afirman que el proyecto del complejo deportivo que se levantaría en reemplazo de la Cordep se encuentra detenido, a la espera de alguna resolución sobre qué pasará con los cuestionados terrenos, ya que incluso los recursos para el diseño del proyecto estaban condicionados al futuro de los paños.

 

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